Declaración de profesores de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos

Nosotros, profesores de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana, expresamos nuestra honda inquietud ante las acuciantes condiciones sociales y económicas que afectan al país y cuya desatención amenaza con desbordar a las instituciones políticas y jurídicas así como ante la violencia desatada por las fuerzas represivas oficiales y oficiosas y acciones de calle incontroladas que han conducido a muertes y graves violaciones de los derechos humanos. Nuestra solidaridad va hacia todas aquellas comunidades, familias y ciudadanos que, de una forma u otra, han sufrido atropellos en su lucha por una sociedad pluralista y democrática no sometida a designios autoritarios.

Lo que lamentablemente ocurre tiene muchas causas pero una fundamental es la pretensión de imponer a una sociedad compleja y diversa un proyecto ideológico de vocación totalitaria. En aras de semejante designio se ha sacrificado a la Constitución como pacto democrático; se ha transgredido abusivamente la división de poderes hasta el punto de que los Poderes Judicial, Legislativo, Electoral y Ciudadano están desvergonzadamente al servicio del modelo político que se pretende imponer y llevar a cabo desde el Ejecutivo; instituciones que deberían garantizar las libertades y derechos humanos incumplen la finalidad que a cada una le es propia pues además de volver la mirada a otro lado, cuando los afectados pueden considerarse de alguna manera disidentes, llegan a convertirse en sus ajusticiadores negando realidades palpables.

En el Parlamento, donde se debería “parlamentar”, no se acepta la existencia de diferencias de criterios, pensamientos y visiones, y así ha dejado de ser palestra de discusión civilizada entre mayorías y minorías y se ha convertido en escenario propicio a insultos e, incluso, a agresiones físicas. Constantemente se genera legislación inconsulta por decreto-ley de normas en materia económica que afectan dramáticamente a toda la colectividad llegando incluso a tipificar delitos y se establece la denominada “hegemonía comunicacional” afectando seriamente el derecho a la información.

El memorial de agravios es ya demasiado abultado y se ha llegado a un punto de no retorno para muchos venezolanos dispuestos a acciones desesperadas. El gobierno, a su vez incita irresponsablemente a grupos de civiles armados para que emprendan acciones de represalia contra los sectores y zonas que no le son afectos. En medio de un proyecto de lograr la máxima concentración posible de poderes el Estado, sin embargo, paradójicamente, en razón del caos y violencia de los que él mismo se ha convertido en promotor, se disuelve como factor de orden público y convivencia ciudadana.

Paralelamente la situación económica se hace cada vez más crítica, la escasez de bienes esenciales dificulta la vida cotidiana de las personas y grupos familiares. Frente a estas urgencias reales la respuesta ha sido acentuar las características depredadoras de un sistema fracasado en todos los países donde se ha querido imponer. Es un hecho comprobado que las protestas que ahora se han escalonado y que comenzaron siendo movilizadas por jóvenes estudiantes se basaban en razones muy concretas como la inseguridad y el alto costo de la vida y ya sabemos la reacción desmesuradamente represiva que han suscitado. Por lo tanto no es de extrañar que se generalice la convicción de que sólo mediante un cambio radical de orientación de las políticas públicas podría aspirarse a encontrar una vía hacia la solución de la crisis y que el actual equipo gubernamental ni puede ni quiere emprender ese necesario cambio.

No cabe, así, sino exigir enérgicamente el cese del hostigamiento contra los estudiantes y la disidencia pacífica; la renovación de los poderes públicos con especial referencia a los que integran el Poder judicial y Ciudadano mediante la correcta postulación y designación los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los rectores del Consejo Nacional Electoral, del Fiscal General de la República y del Defensor del Pueblo; el cambio de los mandos de la Guardia Nacional y otros cuerpos represivos responsables de los actos de violación de los derechos humanos y la investigación seria y ajustada a derecho de tales violaciones; la disolución de las brigadas de choque y la construcción de un pacto nacional de gobernabilidad que apacigüe los ánimos exaltados y devuelva la tranquilidad perdida hace tiempo en el país.

Desde nuestras posiciones académicas estamos dispuestos a colaborar a una nueva situación de concordia nacional, al restablecimiento del orden constitucional, a diseñar propuestas que contribuyan a una mejor Venezuela y así lo declaramos y nos comprometemos formalmente. Asimismo estamos obligados, en nuestra función educadora, a solicitar de todos los sectores un comportamiento prudencial que, sin claudicar respecto de verdaderos principios y valores, se atenga a la razón y no exacerbe, por inmoderación o precipitación, un estado de cosas ya suficientemente grave. Por el contrario, sin deponer la justa indignación que pueda albergarse, que se actúe en todo momento con valentía pero también con serenidad. Transitaremos, así, junto a todos los venezolanos el camino hacia el restablecimiento del estado de derecho y de la democracia.

Caracas, 11 de marzo de 2014

Este documento está suscrito por:
 
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Prof. Vicente Gonzalez  CI  10.813.940