Profesores de la Unimet analizaron la Ley Antibloqueo en foro organizado por el Celaup y FACES

5 profesores de la Universidad Metropolitana compartieron sus visiones de los distintos tópicos relacionados con la Ley Antibloqueo y su implementación en el foro virtual La Ley Antibloqueo, repercusiones y consecuencias, organizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos Arturo Uslar Pietri y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana.

Los docentes Hermes Pérez, Thais Maingon, Gustavo Manzo y Alejandro Martucci, acompañados por el decano de FACES, prof. Rafael Mac-Quhae, bajo la moderación de Vinicio Mora presentaron durante poco más de hora y media sus diversos puntos de vista sobre la polémica Ley y hablaron de su constitucionalidad, los aspectos sociopolíticos y económicos que la rodean, las conductas relacionadas con el antibloqueo y la visión de la empresa y la ley para el 2021.

La Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, mejor conocida como Ley antibloqueo, fue aprobada por la ANC y publicada en Gaceta Oficial el 12 de octubre. “Esta Ley ha conllevado a una inmensa cantidad de críticas y observaciones provenientes de diversos sectores que conforman la sociedad venezolana, así como también de sectores afectos al gobierno nacional”, sostuvo el profesor y moderador, Vinicio Mora durante su presentación.

Para Mora, desde el punto de vista legal “esta ley se proyecta como supraconstitucional, ya que da facultades plenas al Ejecutivo en el marco de las medidas coercitivas unilaterales para dictar leyes y normativas alejadas de la constitucionalidad y el estado de derecho”.

“Si bien el trasfondo de la ley busca compensar de manera importante a través de diversos incentivos la caída del ingreso petrolero a través de lo que desde el gobierno han denominado la generación de recursos a la nación, no deja de ser menos cierto que en el afán de la captación de estos recursos se violan normas y estándares básicos relacionados con la transparencia de la administración y la gestión pública. Esta transparencia además opacada desde la misma Ley, en donde el estado se reserva discrecionalmente, a través de un régimen transitorio, todo el manejo en materia de confidencialidad de la información, con el fin de proteger y asegurar las decisiones tomadas por el poder público nacional”, afirmó.

Hermes Pérez: La macroeconomía del antibloqueo

El profesor de la Escuela de Economía de la Unimet, Hermes Pérez, recordó que la Ley Antibloqueo tiene su origen en la argumentación del gobierno de una caída estrepitosa de los ingresos de divisas desde entes públicos debido a ataques de precios petroleros y al bloqueo financiero. “Es una manera que se inventó el gobierno para atraer inversiones”, dijo.

Sin embargo, el profesor refuta este argumento y señala que es difícil asimilar la versión de un ataque a los precios del petróleo, porque “no pareciera acorde con la realidad”.

“En el lapso 2013-2019 el precio del petróleo se ubica 80% por encima de lo que estaba en 2001”.

El otro argumento al que se refirió Pérez fue al bloqueo financiero. “Efectivamente hay sanciones al estado, la principal está asociada a PDVSA en 2019. Pero hasta 2018 nuestro mejor cliente era EE. UU.”

Pérez hizo referencia además al declive registrado en la actividad petrolera en el país, que viene desde 2009 y que acumula casi 3 millones de barriles. “Esto lo que refleja es que al parecer no se han hecho las inversiones apropiadas. Un declive que obedece a la propia industria”.

“Hablar de ataques de precios contrasta con una realidad de que, más allá de la propia volatilidad de los precios, la verdad es que tenemos una industria que no ha contado con la administración más apropiada”, opinó.

Según indicó el economista las pérdidas y el deterioro de los beneficios del sector fueron causados por el incremento en los costos y gastos de PDVSA y no por el declive de los ingresos.

A juicio de Pérez “sin fundamentos macroeconómicos sólidos y estables, estabilidad política y social, reinserción en los mercados financieros y la salida del default”, no habrá solución para la crisis que atraviesa Venezuela.

“Necesitamos nuevos hombres, nuevas ideas y políticas públicas, con una ley que viola todo el precepto constitucional no vamos a atraer inversiones”, concluyó el economista.

Thais Maingon: Lo sociopolítico de la Ley

En su intervención, la profesora de Metodología de la Investigación, Thais Maingon, se preguntó si “esto es hacer política o es antipolítica, si es la política de la no-política o si tiene algún sentido ejercer la política hoy en día en Venezuela”.

“Y no solo me refiero a esta ley, es en relación a todo lo que pasa en Venezuela”, manifestó.

“Estoy convencida que la Ley Antibloqueo es una respuesta del régimen en un contexto determinado que ha sido definido por una crisis multidimensional, una emergencia humanitaria compleja, la irrupción de la pandemia del Covid-19, a las sanciones y a la misión internacional independiente de determinación de hechos de la ONU y su ampliación por 2 años”, dijo.

En este sentido, Maingon considera que el énfasis que tiene esta Ley es el de la ‘política de la no-política’, “que también es una política y tiene consecuencias catastróficas e irreversibles para los venezolanos”.

A su juicio esta es una ley económica, pero abre las puertas a violaciones de muchos derechos humanos. “Esta ley no resuelve la violencia, ni tampoco que el 96% de los hogares estén en situación de pobreza y el 79% en pobreza extrema, ni que 9,3 millones de venezolanos sufren inseguridad alimentaria moderada o grave, que se muera gente de desnutrición o que se disfracen las cifras de contagiados por el Covid”.

Fue tajante al afirmar que la Ley Antibloqueo permite la desinformación, la represión y la persecución.

Para Maingon, en este punto el reto es “construir una política que contrarreste la política de la no-política y se refirió al texto ¿Qué es la política? de Hannah Arendt, que, a pesar de estar en otro contexto, señala que hay que luchar contra los prejuicios que hay contra la política, porque estos conducen a que la política desaparezca, “que es lo que está pasando en Venezuela”.

“El reto es mostrar la verdad, es profesionalizar a los políticos, es tratar de responder si se justifica hacer política y esto solo se puede hacer desde la libertad, porque la política es un medio que posibilita la libertad humana, es un espacio de relación de poder que se da en libertad”, concluyó la profesora.

Rafael Mac-Quhae: Las microconductas del Antibloqueo

El sociólogo y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana, Rafael Mac-Quhae, sostuvo que la Ley Antibloqueo se trata de “un juego económico donde se aplican reglas asimétricas y se ofrecen oportunidades desiguales”.

“Esas reglas económicas que han introducido buscan, según dice la ley, nuevos mecanismos para gestionar lo público, impulsar incentivos racionales, para que los particulares puedan, dentro de controles flexibles, estimularse a compartir e impulsar los planes que ellos piensan son importantes para el crecimiento económico y también busca alianzas productivas con agentes económicos externos para fundamentar en eso el crecimiento nacional”, explicó.

Sin embargo, para Mac-Quhae se trata de la continuidad de la emergencia económica que comenzó en enero de 2016. “Es un nuevo esfuerzo por continuar buscando vías para consolidar el ejercicio del poder político mejorando algunos resultados económicos”.

A juicio del Decano, este instrumento legal es un juego económico en el cual el gobierno puede firmar acuerdos con otros gobiernos y asociarse con privados sin autorización legislativa. “El artículo 19 de la Ley lo dice de manera muy clara. Se trata de la inaplicación del marco legal venezolano, pero para casos específicos”, señaló.

“Es decir – explicó- hay normas que tienen plena vigencia, pero que de acuerdo a la estrategia y a la visión que nos da la Antibloqueo, pueden ser no aplicadas en los casos y en un contexto que va a ser evaluado, valorado y admitido por el propio gobierno”.

“Esto crea lo que yo llamo la dialéctica de lo opaco o de las reglas cambiantes”, puntualizó.

Luego de enumerar diversos aspectos del instrumento, Mac-Quhae advirtió que puede traer como consecuencia lo que se conoce como Emprendimiento improductivo.

“Podría orientarse a generar actividades rentistas, que son aquellas que generan un beneficio particular, independientemente de que su efecto social sea neutro o incluso, contraproducente”, alertó.

Mac-Quhae indicó que la Ley está planteando un sistema de asistencia y protección legal que genera una condición en la cual los venezolanos no conocerán de manera cabal las personas y los capitales que se van a vincular con ese proceso.

Gustavo Manzo: La constitucionalidad de la Ley

Por su parte, el profesor de Teoría Política Constitucional Gustavo Manzo señaló que existen severas discusiones doctrinarias al momento de definir qué es una ley constitucional. “Hay algunos doctrinarios que piensan que una ley constitucional es la misma norma constitucional, es decir, la propia constitución. Y hay quien piensa que Ley constitucional es una norma que desarrolla artículos que están dentro de la Constitución”.

“En todo caso esto (la Ley antibloqueo) deriva de un acto de la Asamblea Nacional Constituyente y sabemos que la legalidad, el apego al estado de derecho de la ANC, también está en ciernes debido a que no se cumplieron los requisitos establecidos en los artículos 347 y 348 de la Constitución, faltando un referendo donde el pueblo refrendara esta iniciativa del presidente de la República, lo que vicia de nulidad por completo el proceso constituyente, desde el momento mismo de su convocatoria”, aclaró.

Manzo mencionó 4 de los artículos incluidos en la citada Ley, que, a su juicio, “resaltan”, debido a su carácter inconstitucional. Son estos los artículos 19, 24, 25 y 26, que, según su criterio, “facultan al Ejecutivo Nacional a inaplicar normas”.

“El único poder dentro de los diversos órganos del Poder Público que tiene la facultad para inaplicar normas es el Judicial. Con ellos se viola el contenido del artículo 136 de la Constitución que establece la división del Poder Público y el 137, que establece el principio de legalidad”, insistió.

Añadió que se plantea, además, “una legalidad económica paralela que depende, en exclusiva, del poder ejecutivo, lo que viola directamente el contenido del artículo 187 de nuestra Carta Magna”.

Alejandro Martucci: La empresa y el Antibloqueo en 2021

Para cerrar el foro tomó la palabra el profesor del Departamento de planificación y Gerencia de FACES de la Unimet, Alejandro Martucci, quien mencionó que existen ciertos artículos de la Ley antibloqueo que dan la sensación de mejoras y posibilidades de desarrollo para todos (a través de los artículos 10, 22, 23, 33) y una nueva ilusión de oportunidades para las empresas (artículos 15, 16, 24, 26, 29).

Sin embargo, Martucci señaló que “sería interesante que la Ley hubiera incorporado cómo se lograrán todas estas ofertas que plantea en sus primeros artículos”.

Al referirse a los artículos 37 y 39 de la citada Ley, relacionados con la confidencialidad de la información, el profesor fue enfático al señalar que “se abre una puerta a la corrupción”.

En opinión de Martucci esta Ley “no está dentro de lo que quisiéramos para el desarrollo concertado, realmente libre, de igualdad de oportunidades para nuestro país”.

Por otra parte, el profesor señaló que el marco legal de la empresa “ahora es más incierto, hay mayor confusión. Esta ley no es clara, se sale del marco constitucional”.

Para Martucci este nuevo instrumento legal traerá más incertidumbre, además de que impactará en la calidad, generará problemas de competitividad, acarreará inconvenientes de internacionalización, más distorsiones en la economía y un efecto nocivo sobre el entorno cultural y espiritual.