CDH-Unimet presentó Informe sobre las afectaciones al derecho a la educación durante la pandemia de Covid-19: Caso de la Universidad Metropolitana
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana presentó este 7 de diciembre el Informe sobre las afectaciones al derecho a la educación durante la pandemia de Covid-19: Caso de la Universidad Metropolitana, Venezuela
La tarde de este lunes 7 de diciembre, Fabiana De Freitas, miembro del Centro de Derechos Humanos de la Unimet dio inicio a la presentación del Informe sobre las afectaciones al derecho a la educación durante la pandemia de Covid-19: Caso de la Universidad Metropolitana. El conversatorio contó con la participación de Benjamín Scharifker, rector de la Universidad Metropolitana; Alexis Ramírez, Coordinador General de la ONG Excubitus Derechos Humanos en Educación; Albern Mendoza, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos; y Vanessa Castillo, coordinadora de la Unidad de Atención a las Víctimas del CDH-UNIMET e investigadora principal del informe.
Bajo la curaduría de Vanessa Castillo, la investigación aborda cómo la comunidad unimetana ha sorteado la dificultad de mantener el óptimo desarrollo de las labores educativas y administrativas. Pese a que gran parte del cuerpo estudiantil y personal cuentan con equipos y conexión a Internet, el servicio de conectividad ha sido el principal obstáculo en la evolución de las actividades a distancia durante los meses de confinamiento en este 2020. «Pese a que la Unimet es privada y cuenta con mayores recursos para adaptarse, el 30% implica que de cada 10 personas, 3 no tienen acceso al trabajo o a la educación».
«La necesidad de acatar el confinamiento y tener que pasar de modalidad a distancia ha afectado de diferentes maneras a diferentes tipos de instituciones», dijo el Dr. Benjamín Scharifker durante su intervención, mientras explicaba que aunque algunas de estas instituciones lograron adecuarse a la nueva normalidad, en Venezuela el sector educativo, en todos sus niveles, sigue luchando, pues el acceso a la tecnología, el Internet y los servicios básicos dificultan el desarrollo de la educación.
«Hay estudiantes que no pueden continuar su educación porque no hay equipos, personal, conexión; y esto está afectando su derecho a la educación. La información contenida en el informe es de mucha utilidad», indicó.
Por su parte, Alexis Ramírez, coordinador General de la ONG Excubitus Derechos Humanos en Educación, que se especializa en educación básica, explicó que «que antes de la pandemia la educación estaba en una emergencia educativa y humanitaria», y “para atacar el problema primero hay que entenderlo”. Por ello, desde el año 2015 la ONG comenzó a investigar el declive del sistema educativo en Venezuela y alegó que la principal característica de lo que ocurre es una violación masiva al derecho a la educación.
Albern Mendoza, estudiante de la Universidad Central de Venezuela y presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos, coincidió en que la educación superior tampoco estaba preparada para esto porque «las universidades no están en crisis desde el principio de la pandemia, sino desde antes» debido a la realidad del país. Reflexionó sobre la histórica dependencia de las universidades con el Estado, y cómo no existen las condiciones para ver clases y avanzar por la despreocupación del gobierno.
«Creo que no todo es negativo. Estamos viviendo grandes desafíos, como comunidad universitaria podemos ver cómo avanzar (…). Tenemos que ser propositivos, aplicar un cambio de modelo y entender que la dependencia del estado ha sido dañina. Generar alternativas para transformar el sistema y depender más de nosotros mismos», aseveró.
