27 de marzo de 2014
La UNIMET, a través de su Dirección de Comunicaciones Integradas, presenta a la comunidad este boletín informativo, el cual resume las informaciones, disposiciones, condiciones y ajustes en el funcionamiento de la universidad, hasta tanto se mantenga la contingencia impuesta por el momento social que vive el país.
Gestión de cobranza domiciliada
Debido a problemas técnicos con el banco gestor de la cobranza domiciliada, el Departamento de Cobranzas se ha visto imposibilitado de cobrar las cuotas mensuales vencidas.
En este sentido, con el propósito de asegurar la solvencia para las próximas inscripciones, se agradece realizar los pagos, según se especifica a continuación:
• Pago en caja Unimet con tarjeta de débito o crédito (Visa/Master Card) el titular de la tarjeta debe estar presente, o enviar autorización en computadora con fotocopia legible de la cédula de identidad
• No está disponible el Credicompra del Banco de Venezuela
• Pago en línea a través de http://sirius.unimet.edu.ve
• Transferencia bancaria a la cuenta corriente No.01050077091077235054 en el Banco Mercantil a nombre de UNIVERSIDAD METROPOLITANA RIF: J-00065477-8 y correo cobranzas@unimet.edu.ve
Nota: Si la transferencia es realizada desde una cuenta Mercantil deberá registrarla en http://sirius.unimet.edu.ve. Si la transferencia se hace efectiva desde otra institución financiera, el interesado deberá presentar el soporte impreso legible, en las taquillas ubicadas en el sótano 1 del Edif. Eugenio Mendoza.
¿Qué hacer en caso de una detención?
El taller Qué hacer en caso de una detención, con la participación de las profesoras Liliana Vaudo, Carmen Alguindigue, Andrea Santa Cruz, Ofelia Riquezes y Angelina Jaffé y todo el equipo de Apoyo UNIMET, continúa el próximo jueves 3 de abril de 2014 en la Sala de Juicios de la universidad, a las 11:00 AM..
Pronunciamiento en relación al caso del alcalde de San Diego, Enzo Scarano
Profesores y estudiantes de la Escuela de Derecho de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana ante el auto de 17 de marzo de 2014 de la Sala Constitucional y su sentencia de 19 de marzo de 2014
Llama la atención a toda la comunidad, en especial a la que está vinculada con el mundo de la Constitución y las leyes y, todavía más profundamente a quienes nos desempeñamos como profesores universitarios y estudiantes en las escuelas de Derecho, el auto de 17 de marzo de 2014 y el dispositivo de la sentencia de 19 de marzo de 2014, dictados por la Sala Constitucional con ocasión de la “demanda por derecho e intereses colectivos o difusos” , interpuesta por diversas organizaciones “contra (…) VICENCIO SCARANO SPISSO, Alcalde del municipio San Diego del estado Carabobo y (…) SALVATORE LUCCHESE SCALETTA en su condición de Director General de la Policía Municipal de San Diego del Estado Carabobo” . mediante el cual “declaró el desacato al mandamiento del amparo cautelar dictado mediante la sentencia N° 136 del pasado 12 de marzo, en el que incurrieron los ciudadanos Vicencio Scarano Spisso y Salvatore Lucchese Scaletta, previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales” .
Las consideraciones que sirven de fundamento al auto de 17 de marzo de 2014, parten de un hecho calificado como notorio y comunicacional y afirman la inexistencia de procedimiento que permita valorar preliminarmente el posible incumplimiento de un mandamiento de amparo cautelar, indicando que “para determinar el presunto incumplimiento al mandamiento de amparo cautelar decretado, estima que el procedimiento que más se adecúa para la consecución de la justicia (…) es el estipulado para el amparo constitucional ”, que “una vez celebrada la audiencia la Sala podrá decidir inmediatamente” , y que “en caso de quedar verificado el desacato, impondrá la sanción conforme a lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y remitirá la decisión para su ejecución a un juez de primera instancia en lo penal en funciones de ejecución” .
El dispositivo de la sentencia dictada el 19 de marzo de 2014, declara “el desacato al mandamiento del amparo cautelar dictado mediante la sentencia N° 136 del pasado 12 de marzo, en el que incurrieron los ciudadanos Vicencio Scarano Spisso y Salvatore Lucchese Scaletta, previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (…), sancionó a los referidos ciudadanos a cumplir diez meses y quince días de prisión” y destituye a Vicencio Scarano Spisso del cargo de Alcalde del Municipio San Diego del Estado Carabobo, cargo al que, por cierto, llegó como resultado de un proceso electoral y de votación popular.
De esta manera la Sala llamada a interpretar y proteger la integridad de la Constitución, desconoce y viola derechos y garantías consagrados en ella ya que, entre otros aspectos:
1.) Castiga la comisión de un delito inexistente confundiendo los efectos de una sentencia cautelar con los de una definitiva, al estimar que el incumplimiento de una medida cautelar dictada en un proceso de amparo tiene carácter definitivo, tergiversando de esta manera el contenido del artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales al desnaturalizar una sentencia cautelar (la cual está basada en simples presunciones desvirtuables en el proceso en que se dicta, y susceptible de ser revocada en el mismo proceso y por el propio juez que la profirió) convirtiéndola en un mandamiento de amparo (el cual sólo nace a partir de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento especial, siempre que se determine la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucional). Así, pues, se impone una pena por la comisión de un hecho que no está tipificado como delito.
Como profesores, ¿cómo podremos explicar, de ahora en adelante, a los estudiantes que el principio nullum crimen, nulla pena sine lege carece de verdadera aplicación por expresa doctrina sentada por la Sala Constitucional?
2.) Pese a que el citado artículo 31 tipifica un delito cuya pena máxima no excede de 8 años y que la propia Sala Constitucional ha señalado, de manera constante, que es de acción pública, se afirma que para la determinación de la comisión del desacato no existe procedimiento alguno, omitiendo la aplicación del que está expresamente previsto en los artículos 354 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal para al juzgamiento de los delitos de acción pública menos graves (aquéllos cuya sanción es inferior a 8 años de privación de libertad), omitiendo, igualmente, remitir al Ministerio Público las respectivas actuaciones a los fines de que éste cumpla con sus obligaciones legales, haga la investigación y dicte el acto conclusivo a que hubiere lugar. Por tanto, se desconoce el procedimiento aplicable a las circunstancias del caso empleando, por vía de analogía, uno que no está previsto en ley alguna sino que deriva de una decisión normativa emanada de la misma sala. Se desconocen, así, principios procesales que por elementales, no sólo forman parte de la garantía del debido proceso, sino que se aplican por el simple sentido común.
Como profesores, ¿cuál será la explicación que deberemos dar a nuestros estudiantes acerca del principio de legalidad y de doble instancia, el derecho a la defensa, a recurrir de los fallos, la preeminencia de la Constitución, la obligación de todos los jueces de aplicar y preservar las normas constitucionales ?
Si este es el derecho de la revolución, nos resistimos a enseñarlo en nuestras Cátedras; es más, desde el púlpito académico no cesaremos en la prédica de los verdaderos Principios y Razones del Derecho y, como parte de ello, denunciaremos todas aquellas situaciones que, como la presente, mancillen a la verdadera Justicia y a la indiscutible Majestad del Poder Judicial.
Los estudiantes que suscriben este documento, conjuntamente con los profesores, lo hacen imbuidos, también, de la convicción de que no les es posible presenciar pasivamente la disrupción del Estado de Derecho que se patentiza en estas y otras decisiones.
A lo largo de estos últimos años la Sala Constitucional ha manifestado su celo, mediante la imposición, de que se la respete. Pero cuando se está en presencia de sentencias como las señaladas, es menester recordar que el respeto no se impone, se gana, se merece y, con fallos, como estos, ni siquiera mediante apremio se obtiene tal respecto.
Suscriben:
Profesores: Estudiantes:
Angelina Jaffé CI 6.559.791 Arianna Gotopo CI 23.685.720
Carlo La Marca CI 10.869.057 Daniel Fermín CI 18.245.063
Carmen Alguindigue CI 7.124.463 Danniel Alves CI 19.721.544
Fulvio Ávila CI 3.224.026 Enrique Iaradola CI 21.015.071
Guillermo Aveledo CI 13.637.579 Gonzalo Santander CI 20.228.819
Humberto Njaim CI 2.060.435 Greta Marazzi CI 20.903.845
Javier Ruán CI 11.306.964 Gustavo Castillo CI 19.378.684
Mirian Rodríguez CI 5.871.290 Justhine Gamargo 20.329.193
Néstor Luis Álvarez CI 6.915.578 Lucia Gathmann CI 23.619.900
Ofelia Riquezes CI 18.088.749 Paul Brazón CI 20.227.804
Paciano Padrón CI 2.957.494 Pedro Alcega CI 20.904.094
Pedro Calvani CI 5.541.151 Susana Frean CI 18.942.080
Rafael Simón Jiménez CI 14.465.671
Rogelio Pérez Perdomo CI 2.154.827
Tamara Adrián CI 3.663.403
Vicente González CI 10.813.940
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Directorio telefónico de las Escuelas en la Universidad Metropolitana:
https://www.unimet.edu.ve/directorio-telefonico-de-escuelas/
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